El Supremo prolonga la incertidumbre sobre la prescripción para reclamar gastos hipotecarios

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Pero finalmente el Alto Tribunal alargó la incertidumbre con su decisión de consultar a las partes implicadas antes de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El miércoles 23 de junio estaba marcado en las agendas de muchos abogados y consumidores como el día en el que el Tribunal Supremo arrojaría luz sobre las dudas que existen acerca de la prescripción del plazo para reclamar gastos hipotecarios cobrados indebidamente. Pero finalmente el Alto Tribunal alargó la incertidumbre con su decisión de consultar a las partes implicadas antes de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Lo que se esperaba es que el Supremo estableciera desde cuándo comienza a contar el plazo de prescripción, que el Código Civil establece en cinco años. A falta de un criterio unificado, cada Tribunal fija un tiempo de inicio de este plazo diferente.

 “La sala primera del TS, en materia de consumo, ha provocado un bazar jurisprudencial, y ahora de nuevo vamos a estar esperando entre uno y dos años a que el TJUE conteste a las preguntas que le formule el Supremo”, lamenta Sánchez, abogado experto en consumo, que reclama acabar con la inseguridad jurídica que provocan estas decisiones. “En materia de gastos, el Supremo ya había establecido una senda muy positiva. Ahora lo único que hacía falta era que respondiera de acuerdo con esa jurisprudencia reciente comunitaria sobre prescripción”, algo que no ha ocurrido.

Una consecuencia de esta falta de concreción puede ser que “los jueces, si no saben a qué atenerse, van a paralizar pleitos hasta que resuelva el TJUE”, algo que solo va a empeorar el alto nivel de litigiosidad de los pleitos por cláusulas bancarias abusivas. Esta semana, el CGPJ, el Ministerio y las Comunidades Autónomas con competencias trasferidas acordaban prorrogar hasta final de año la especialización en cláusulas abusivas en 18 juzgados. A pesar de haberse creado en 2017 para desatascar el aluvión de reclamaciones, estos juzgados tienen aún pendientes más de 230.000 demandas.

Fuente de información : Diario La Ley

Imagen: Freepik

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